Desarrollo del Distrito Minero Malargüe (
Gobierno de Mendoza/2024
)
Durante dos décadas, Mendoza fue emblema de la resistencia a la megaminería. Sin embargo, la crisis de sectores tradicionales como el sector vitivinícola y turístico, el avance de la transición energética y una estrategia política que ha buscado aumentar la explotación han cambiado el panorama. Hoy la provincia impulsa 65 proyectos exploratorios de cobre que hace solo tres años no estaban aprobados y debate cómo compatibilizar la minería con la defensa histórica del agua.
P
or Andrés Mauricio Díaz Páez y Matías Avramow, para Climate Tracker América Latina.
En la apertura de sesiones legislativas de 2025, el gobernador de Mendoza, en Argentina, Alfredo Cornejo, presentó frente a todos los representantes de la provincia dos objetos con una carga simbólica tremenda: una botella de vino y una roca aturquesada repleta de cobre. “Este producto [levantando la roca con sus manos] puede darle riqueza a Mendoza, contribuir al ambiente del mundo en la electromovilidad y tiene una demanda internacional clave para las próximas décadas; no tiene por qué ser incompatible con el vino”, declaró en un acto que consolidó una transformación estructural que llevaba años desarrollándose.
Fue claro, a partir de ahí, que el gobierno provincial empujaría con fuerza un cambio productivo resistido durante décadas, ya que entre 2003 y 2019 Mendoza fue considerada “antiminera”, no solo por la población civil sino también por cámaras empresariales como la vitivinícola y la turística. Hace solo siete años no existía ningún proyecto minero activo aprobado en la provincia y no fue hasta 2023 que apareció la exploración cuprífera; hoy hay 65 en exploración y uno en construcción. Salvo contadas excepciones —un proyecto de litio, uno de hierro y otro de potasio—, la prioridad es el cobre.
En una revisión del
mapa oficial de catastro minero
de la provincia, esta alianza periodística identificó 64 zonificaciones —que incluyen distintas etapas del proceso administrativo en minería como proyectos de exploración, cateos, manifestaciones y minas— que se superponen a sitios inventariados como áreas glaciales por el gobierno nacional o naturales protegidas por la ley provincial, que prohíbe la minería en polígonos de ese tipo.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, aclaró que todas estas son categorías administrativas dentro del proceso minero y que en Mendoza, salvo por el Proyecto San Jorge (PSJ), “todo es exploratorio”, por lo cual “no se está comprometiendo el agua” provincial. “En muchos casos son incluso tareas de escritorio”, sumó, y declaró: “Cualquier empresa que empieza actividades exploratorias lo hace con la visión de poder tener descubrimientos y pasar a producción. Pero los indicadores muestran que solo uno de cada cien proyectos que se exploran pasa a esa etapa. Ni en exploración ni en producción se autorizará nada que no cumpla con la normativa”.
Este esquema productivo ha generado resistencia de varios miembros de la sociedad civil, en particular debido al riesgo que para ellos significa la disputa por el agua y el incumplimiento de regulaciones ambientales.
Esta provincia se localiza cerca de la cordillera de los Andes, justo al otro lado de Santiago de Chile, y en una de las zonas más áridas de Argentina. En promedio, las precipitaciones rondan los 200 milímetros al año, una cifra parecida a la que se registra en la península colombiana de La Guajira o en el Valle de Tehuacán, en México.
Allí, donde hay verde es porque pasa alguno de los pocos ríos o sistemas de riego que, en su totalidad, se abastecen del deshielo glaciar o de la nieve que cae en la alta montaña durante una sola temporada al año. Una que, de acuerdo con estudios recientes, decayó con fuerza en la
última década debido a lo que llaman una “megasequía
”.
Relación entre la media de caudales y el máximo de acumulación anual de nieve en los Andes centrales, donde se encuentra Mendoza (Mariano Masiokas-Ianigla/2026)
Desde su fundación, esta provincia tuvo al agua como parte sensible y vital de su organización política y social. Una de las primeras leyes que se promulgaron, en 1884,
fue la Ley de Aguas
, que, en términos generales, prioriza este recurso para el consumo humano, después para la agricultura y, por último, para la industria. Ese mismo año también se creó el Departamento General de Irrigación, que administra con autonomía las contadas concesiones …