En los últimos años, en América Latina, organizaciones feministas y antipatriarcales han encendido alertas por acciones estatales que amenazan con profundizar la negación de derechos fundamentales para las mujeres y sexodisidencias de la región, mientras observan el crecimiento de grupos de extrema derecha que buscan incidir en la política pública orquestando campañas de desinformación y de desprestigio de las organizaciones feministas.

“[Al lograr la] despenalización en nuestros Estados es cuando empezamos a ver un avance más acelerado del movimiento antiderechos. A partir de una serie de movimientos en todo el país, y en todo el contexto global, estos grupos se han visto fortalecidos”, afirma Angie Contreras, de la organización Vivas y Libres, en México, en entrevista con Avispa Mídia.

Los triunfos electorales de la extrema derecha en la región han acelerado este cercamiento, incorporando a integrantes de movimientos antiderechos en las estructurales estatales, desde donde han posibilitado el cierre de programas y la trasformación ideológica de las instituciones. Esta embestida ha sido particularmente dirigida a desandar los logros de los movimientos por las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres.

En este primera entrega, presentamos un panorama del avance de los movimientos de ultraderecha que hoy amenazan la autonomía corporal de las mujeres y sexodisidencias en la región, así como sus estrategias y redes transnacionales de acción. En un siguiente trabajo, trataremos cómo se tejen las redes de los grupos antiderechos en el norte y centro de México, y en una tercera entrega, nos acercaremos a las colectivas de base que resisten a la embestida de la extrema derecha en la región.

La alerta de las colectivas y organizaciones sociales no es infundada. Solo el último año se han presentado distintas iniciativas en el continente que buscan desandar el camino de los movimientos por el derecho a decidir. En Chile, por ejemplo, legisladores de los partidos Nacional Libertario, Republicano y Renovación Nacional presentaron el 7 de julio pasado, una iniciativa de reforma al Código Sanitario que obligaría, en caso de ser aprobada, a que las mujeres que busquen acceder a la interrumpción del embarazo por las tres causales que son legales en el país —es decir, violación, riesgo vital para la madre e inviavilidad fetal— tengan que escuchar el latido fetal como un paso para otorgar el consentimiento para la realización del procedimiento.

Esta iniciativa surge en el marco del primero año de gobierno de José Antonio Kast, quien en el pasado se ha nombrado “defensor de la vida desde la concepción” y desde su campaña anunció su intención de realizar cambios a los programas educativos de Chile, bajo el lema de garantizar una educación “libre de ideologías”.

De igual manera, en Colombia, el 30 de julio, un grupo de legisladores presentó un proyecto de reforma al Artículo 11 de la Constitución, para establecer la protección de la vida “desde la concepción”, como una forma de contrarrestar que en este país el aborto es legal de forma libre hasta la semana 24 de gestación, según fue resuelto por la Corte Constitucional en 2022. Una semana después de la presentación de esta iniciativa, el 7 de julio pasado, asumió el cargo de presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, acompañado de otros mandatarios de extrema derecha de la región como Javier Milei, presidente de Argentina, el mismo José Antonio Kast y Daniel Noboa, presidente del Ecuador.

En México, durante este año, legislaciones locales han propuesto, con éxito, declarar el 25 de marzo —día de la Anunciación en el calendario católico— como el “Día del niño por nacer” o “Día de protección a la vida humana”. Esto surge en estados como Nuevo León donde el aborto no ha sido despenalizado completamente, a pesar de que la penalización del aborto fue declarada inconstitucional en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021. Solo por mencionar algunos ejemplos en la región.

Más allá de estas iniciativas legislativas, una tendencia que resulta especialmente preocupante para las organizaciones de la región es del adelgazamiento de las estructuras estatales encargadas de garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Esta tendencia se observa principalmente en países como Argentina donde, de acuerdo al informe El costo de la retirada: Barreas, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina, publicado por Amnistía …