Río Negro: la Cámara de Bariloche confirmó el desalojo de la Lof Inalef y la comunidad anuncia que seguirá resistiendo
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche confirmó la sentencia que ordena el desalojo de la Lof Inalef, en la Rinconada de Inalef, paraje Mallín Ahogado, Río Negro. «Informamos que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche ha dictado un fallo desfavorable para nuestro Lof. Se confirmó la sentencia anterior y sigue en pie el pedido de desalojo sobre nuestro territorio», informó la comunidad este miércoles 7 de octubre. La comunidad denunció, además, falencias en su primera defensa técnica y anunció que continuarán apelando y sosteniendo la permanencia territorial: «esto no termina acá. Seguiremos con los recursos y acciones que correspondan, defendiendo nuestra permanencia en el territorio». El nuevo fallo se produce en un escenario de creciente conflictividad territorial en la Patagonia y días después de que la Corte Suprema reactivara la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei. Por ANRed.
La Lof Inalef vuelve a quedar frente a una orden de desalojo sobre un territorio que reivindica como ancestral, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche confirmó la sentencia que ordena el desalojo del territorio mapuche ubicado en la Rinconada de Inalef, paraje Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro.
La comunidad informó este miércoles 7 de octubre que recibió un nuevo revés judicial y cuestionó tanto la decisión como el desempeño de la primera defensa técnica: «informamos que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche ha dictado un fallo desfavorable para nuestro Lof. Se confirmó la sentencia anterior y sigue en pie el pedido de desalojo sobre nuestro territorio», comunicaron desde la Lof Inalef, que anticipó que continuará recurriendo la resolución: «esto no termina acá. Seguiremos con los recursos y acciones que correspondan, defendiendo nuestra permanencia en el territorio«.
El conflicto tiene antecedentes de larga data. En mayo de este año, la jueza Paola Bernardini había dictado una sentencia de desalojo en favor de Juan Lux Auroux, mientras en otra causa el exintendente de El Bolsón Félix Argentino Merino había obtenido una resolución similar sobre tierras de la familia Inalef. La comunidad sostiene que se trata de un territorio ancestral y que distintos procesos judiciales desconocen esa historia.
La propia documentación judicial incorpora antecedentes sobre esa ocupación: en la causa vinculada a Auroux consta que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) reconoció en 2018 la conformación de la Lof Inalef y tuvo por acreditada “la posesión ancestral, tradicional, actual y pública” sobre tierras de sus abuelos José Antonio Inalef y María Antonia Leviu, registradas por el Estado desde 1907. El expediente también señala que la tramitación del relevamiento territorial de la Comunidad Newenche, de la que forma parte la Lof Inalef, se inició en 2012.
El comunicado de este miércoles cuestiona además la actuación de quienes ejercieron inicialmente la representación legal de la comunidad: «sabemos cómo está jugando la política hoy en día. Además, la primera defensa técnica presentó graves falencias no incluyó nuestros testigos ni nuestras pruebas y no ejerció la defensa en etapas clave«, denunciaron. En este marco, la Lof anunció que continuará utilizando las herramientas judiciales disponibles y convocó a las comunidades y organizaciones que históricamente acompañaron su lucha.
El antecedente reciente muestra que esa red de solidaridad ya tuvo una expresión concreta en junio de este año, cuando la Lof Inalef convocó a un trawn frente a la amenaza de desalojo y recibió el acompañamiento de comunidades mapuche, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones ambientales de la Comarca Andina. Entre otras, acompañaron Lof Coronado-Inalef, Lof Pu Huayteka, Lof Che Buenuleo, Lof Quemquemtrew, la APDH, la CTA, organizaciones docentes y asambleas ambientales.
La disputa territorial se encuentra además atravesada por una historia de violencia: en agosto de 2024, Juan Carlos Villa fue asesinado a tiros por un efectivo de la Policía de Río Negro durante un operativo en la zona de Rinconada de Inalef y su hijo Emanuel resultó gravemente herido. La Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro vinculó en aquel entonces la violencia policial con la persecución territorial y con los procesos de desalojo que afectan a comunidades de la región.
El nuevo fallo de la Cámara de Bariloche llega, además, en un contexto nacional marcado por la decisión de la Corte Suprema de dejar vigente la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023, una resolución que volvió a abrir la puerta a la adquisición sin los límites establecidos anteriormente para capitales extranjeros y que, tras el fallo, organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, sindicales y sociales volvieron a plantear la necesidad de responder nuevamente en las calles.