El Gobierno Nacional encamina la licitación para entregar el 90% del paquete accionario de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a consorcios privados bajo una concesión a 30 años, en medio de amparos judiciales, falta de audiencias públicas y un hermético acceso a la información en un Data Room reservado para empresas. La medida implica la quita total de subsidios estatales, la transferencia del costo de las obras al cuadro tarifario y la autorización para aplicar cortes de suministro por morosidad sobre un servicio que abastece a màs de 15 millones de usuarios en el AMBA. Mientras se paralizan obras de saneamiento estratégicas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, asambleas populares, foros hídricos y organizaciones socioambientales denuncian la flexibilización de los controles sanitarios, y convocan a defender el agua como un bien común inalienable mediante la movilización en los territorios y el impulso de una Ley en defensa del agua para la vida. Por Matías Mora Caceres.

El proceso formal iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional para transferir el 90% del paquete accionario de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al capital privado ingresó en una etapa decisiva. Con la apertura de sobres fijada para el próximo 27 de agosto, la medida contempla un esquema de concesión a 30 años (prorrogable por un decenio más) sobre un servicio estratégico que abastece a más de 15 millones de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Luego de que la Defensoría del Pueblo bonaerense impulsara una medida cautelar para frenar la licitación (fundamentada en la falta de audiencias públicas y la opacidad del pliego), el Gobierno Nacional apeló la resolución cuestionando el fuero interventor. La consumación de este avance privatizador resulta posible gracias a la abierta complicidad del Poder Judicial y a la inacción de una dirigencia política que no solo no opone resistencia efectiva, sino que resulta directamente funcional y responsable.

En un fallo que convalida el remate del patrimonio público, el Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora rechazó in limine la acción de amparo ambiental colectivo presentada por el Foro Hídrico de Lanús, FARN, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y otras entidades, tras el dictamen en contra emitido por el fiscal Sergio Mola

. La justicia desestimó las denuncias sobre la opacidad del pliego, la falta de audiencias públicas y la restricción de la información técnica a un Data Room confidencial reservado para las corporaciones, excusándose en formalismos procesales y alineándose de manera automática con la estrategia del Ejecutivo. Esta complicidad política y judicial se extiende a la consolidación de actores internacionales en la gestión del agua, la propia llegada al país de

la firma estatal israelí Mekorot (que hoy asesora el proceso licitatorio) fue abierta y promovida por gestiones provinciales de diversos signos políticos, sembrando los antecedentes del actual vaciamiento soberano .

La decisión gubernamental trasciende la mera reorganización de los pasivos fiscales o la búsqueda de eficiencia gerencial en las empresas del Estado, insistiendo una vez más en un cambio de paradigma en el cual la gestión de los recursos hídricos deja de ser concebida como un derecho humano garantizado por la inversión pública para

transformarse en un activo financiero sujeto a maximizaciòn de la ganancia.

Este avance privatizador se enmarca en un contexto de retracción sistemática de la intervención estatal en la provisión de infraestructura básica, generando un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de obras estratégicas y sobre las condiciones de acceso al servicio para los barrios de menores ingresos que habitan en los sectores periféricos y en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La licitación pública impulsada por el Gobierno Nacional ha estado signada por la celeridad administrativa y por un fuerte discrecionalismo en torno a las condiciones técnicas y económicas exigidas a los oferentes. Con la fecha fijada para la apertura de los sobres el próximo 27 de agosto, el cronograma oficial avanza sin haber habilitado instancias de participación ciudadana ni audiencias públicas, elementos que la legislación ambiental y de defensa del consumidor establecen como requisitos insoslayables ante la modificación estructural de un servicio público esencial.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo la …