La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Municipio de San Isidro adecuarse a la normativa vigente y garantizar el acceso gratuito y de calidad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en el sistema público de salud local. Organizaciones feministas, de derechos humanos y profesionales de la salud celebraron el avance judicial y denunciaron los obstáculos impuestos por las autoridades municipales desde 2024.
Por ANRed
La jueza
María Paula Vénere
, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Amnistía Internacional y estableció que el Municipio debe garantizar el acceso al aborto en el sistema público de salud, de acuerdo con la normativa vigente.
El avance judicial se produce luego de una organización transversal sostenida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Conurbano Norte, Amnistía Internacional, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, el CELS, ELA, Fundeps y Socorristas en Red, junto con organizaciones locales de derechos humanos, feministas, profesionales, sindicatos, referentas políticas y organizaciones sociales. El objetivo fue denunciar y visibilizar los obstáculos impuestos por las autoridades municipales desde comienzos de 2024.
Desde las organizaciones señalaron que el protocolo municipal irregular establece restricciones que vulneran derechos y pueden poner en riesgo la salud y la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar. También advirtieron que estas medidas comprometen a profesionales de la salud a actuar por fuera de lo establecido por la legislación vigente y generan responsabilidades legales para el Municipio de San Isidro.
La Ley 27.610 y la obligación del Estado
La Ley 27.610 establece el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin necesidad de expresar motivos. Luego de ese plazo, el aborto también está contemplado cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.
Las organizaciones remarcaron que los municipios no están exceptuados de cumplir y garantizar los derechos reconocidos por las leyes nacionales y provinciales. En ese sentido, señalaron que los distintos niveles del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud y el respeto de los derechos humanos.
El fallo representa así un avance frente a las restricciones que venían afectando el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en San Isidro. Para las organizaciones que impulsaron el reclamo, la disputa no termina con la decisión judicial: continúa la exigencia de que el derecho pueda ejercerse de manera efectiva, segura, gratuita y sin obstáculos en el sistema público municipal.
“Nuestras demandas son de respeto a la dignidad de las personas”, expresaron las organizaciones, y señalaron que el reclamo está vinculado también con el derecho a vivir una vida libre de violencias y acceder a una atención integral de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
La declaración concluye reafirmando la organización colectiva para garantizar que todas las personas que así lo decidan puedan acceder a un aborto seguro y gratuito.