Por Clarisa Néztor*
Más de de 50 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, ubicada en el paraje Cañafístola (municipio de Garuhapé), para ejecutar la orden del juez Roberto Antonio Sena, a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff. Con ese operativo, el gobierno de Misiones expulsó a las familias de un territorio cuya ocupación tradicional había sido reconocida por el propio Estado nacional mediante el relevamiento territorial de la Ley Nacional 26.160.
El procedimiento fue el martes 28 de julio, por la fuerza y no resolvió la cuestión de fondo de un conflicto territorial de décadas. Mientras las familias mbya eran desalojadas, continúan pendientes recursos judiciales, planteos de nulidad y cuestionamientos formulados por la defensa sobre la legalidad del expediente. El Poder Judicial avanzó para beneficiar el extractivismo forestal que tiene nombre y apellido en este caso: Alfredo Ruff.
Lo ocurrido en la comunidad Puente Quemado 2 expone el funcionamiento de un modelo donde el poder económico, la estructura judicial y el aparato estatal convergen para garantizar el avance del extractivismo forestal sobre territorios ancestrales.
La orden había sido dictada el 17 de julio por el juez Roberto Antonio Sena, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América, a pedido directo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de las tierras alegando una presunta usurpación. El juez Sena autorizó el ingreso de la fuerza pública y la intervención de organismos estatales para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la cuestión de fondo donde (la titularidad definitiva) del territorio todavía no había sido resuelta.
Inicialmente, el operativo estaba previsto para el 17 de julio, pero fue suspendido provisoriamente gracias a un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (E mipa) . Aquella medida otorgó un alivio momentáneo a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial. Desde entonces, Puente Quemado 2 permaneció en estado de alerta permanente, consciente de que el desalojo podía ejecutarse en cualquier momento. La amenaza se materializó el 28 de julio.
El conflicto ya había escalado antes. En mayo, efectivos policiales ingresaron al territorio y detuvieron al mburuvicha (cacique) Santiago Ramos junto a otros 20 integrantes de la comunidad, entre ellos mujeres, niñas y niños . Las detenciones fueron revertidas horas más tarde gracias a la rápida intervención de organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos.
Mientras tanto, el empresario Alfredo Ruff insistía judicialmente para acelerar la expulsión de la comunidad. En nuevas presentaciones reclamó que la policía ejecutara de inmediato la orden, solicitó intimaciones contra la fuerza provincial y llegó incluso a requerir que, si la policía no intervenía, se convocara a la Gendarmería Nacional para garantizar el procedimiento. En esos escritos también cuestionó la presencia de integrantes de otras comunidades del Pueblo Mbya que habían comenzado a llegar a Puente Quemado 2 para acompañar la resistencia, transformando la solidaridad indígena en un argumento para justificar una intervención más rápida y contundente del Estado.
Las irregularidades detrás del desalojo
Los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (E mipa) habían denunciado que, en las primeras detenciones realizadas en mayo, ni siquiera existía formalmente un expediente judicial que respaldara esa medida. Al revisar la causa comprobaron que el expediente no estaba correctamente conformado, que ningún magistrado se había avocado formalmente al caso y que no existía una resolución escrita que autorizara la privación de la libertad de los integrantes de la comunidad mbya.
Pese a ello, desde el juzgado se sostuvo que las instrucciones habían sido impartidas telefónicamente. Sin embargo, las propias actuaciones policiales indicarían que esos contactos no se realizaron con un juez, sino con Isidro Duarte, funcionario judicial, secretario del juez de Puerto Rico Manuel Balanda Gómez, cuya intervención adquiere especial relevancia porque anteriormente se desempeñó como abogado particular del empresario forestal Alfredo Ruff, el mismo denunciante que impulsa la causa contra la comunidad.
Emipa denunció que esta circunstancia nunca fue debidamente aclarada y configura un conflicto de intereses de extrema gravedad. Más aún porque, cuando los …