El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años a un grupo de policías involucrados en casos sistemáticos de corrupción en causas de narcotráfico. Hubo 24 condenas, entre ellas a Adrián “Palermo” Baeta, ex teniente de la Policía Bonaerense, y seis absoluciones. Este veredicto complica la situación del ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, bajo cuyas órdenes actuaban estos uniformados. Este funcionario fue destituido mediante un jury de enjuiciamiento en el que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó como veedora. La CPM tuvo una activa participación en la causa como querellante, hasta que fue apartada por la Sala IV del Tribunal Federal de Casación por pedido de la defensa policial.

A través de un aceitado sistema de coimas y de procedimientos armados, amparados por el otrora todopoderoso fiscal Scapolan junto a estudios de abogados, los policías ahora condenados liberaron zonas para la actuación de narcos y el robo de drogas, con el fin de reintroducirlas al mercado ilegal con fines recaudatorios.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía había afirmado que se trató de “una organización destinada, en apariencia, a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada”. Y la fiscalía de juicio, tomando la posta, lanzó una apreciación que causó escozor: “Estos grupos continúan operativos lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social”.

La inédita sentencia de este juicio puso de relieve cómo los mecanismos de corrupción estructurales de las fuerzas de seguridad se entrelazan con la violencia institucional, la vulneración de los derechos humanos  y la gestión informal de mercados ilegales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuestiones que vienen siendo denunciadas por la CPM desde hace muchos años.

El Tribunal presidido por la jueza Silvina Mayorga anunció que los fundamentos serán difundidos el 7 de octubre. Además, consideró válido el testimonio de un policía “colaborador” que participó en el robo de media tonelada de cocaína en el caso de 2013 denominado “Leones Blancos”, y condenó a 17 años de prisión a cuatro policías bonaerenses, tres de ellos de alto rango. Tal como sucedió durante este proceso de dos años, los imputados escucharon el veredicto en forma virtual, entre ellos los 10 policías que esperaban el juicio en prisión.

Los jueces Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez enviaron copias a la justicia federal de los hechos que aparecieron en el debate para profundizar la continuidad de la investigación judicial de esta banda. La CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, había sido parte querellante en la causa hasta ser apartada arbitrariamente por decisión parcial de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -con el voto de Mariano Borinsky y Javier Carbajo y el voto en contra de Gustavo Hornos-, medida que fue apelada y aún hoy está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo el organismo brindó testimonio como testigo experto en el juicio oral y finalmente participó como veedora. En el marco de esta intervencion, la CPM resaltó la necesidad de avanzar con la participación de agentes y funcionarios judiciales en los hechos.

“Los imputados utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que -muchos de ellos, en razón de sus funciones- estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin”, había señalado el fiscal Marcelo García Berro en su acusación.

“El principal objeto ilícito de la organización consistió en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la …