En portada: Marcha contra propuesta de reforma a Ley de Tierras en Argentina.

Las movilizaciones masivas en Argentina obligaron al Gobierno de Javier Milei a retroceder en los puntos más cuestionados de su reforma a la Ley de Tierras. La presión en las calles de Buenas Aires y varias localidades del país hizo que el Ejecutivo retire del proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada los capítulos de cuasi derogación de la Ley de Tierras y el que modificaba la Ley de manejo del fuego.

Sin embargo, el pasado miércoles 6 de agosto la Cámara de Senadores aprobó la propuesta con los apartados de desalojos en tierras rurales y urbanas, y de impedimentos a las expropiaciones públicas, los que generan resistencia por parte de los movimientos sociales.

Según la administración ultraderechista de Milei, los objetivos centrales del proyecto son eliminar restricciones que “limitan el derecho a la propiedad” y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones. En ese sentido, pretende anular el tope del territorio nacional que se puede vender a extranjeros, establecido en 15%. Actualmente trece millones de hectáreas del suelo argentino pertenecen a empresas foráneas, de acuerdo al Observatorio de Tierras.

Por su parte, el intento de modificación de la Ley de manejo del fuego apuntaba a eliminar el plazo de 60 años de prohibición para cambiar el uso del suelo tras un incendio, sea ocasionado o accidental, en bosques, áreas naturales protegidas y humedales, así como la traba por 30 años para realizar actividades agropecuarias y proyectos inmobiliarios.

“Con las modificaciones propuestas, la tierra se convierte en un activo financiero, disponible para capitales concentrados -muchos de ellos extranjeros-, en lugar de ser considerada un bien común al servicio de la producción. Este plan de concentración y extranjerización de la tierra consolida un modelo que prioriza la especulación por sobre la soberanía alimentaria. La tierra no es una mercancía más: es un bien finito cuyo control define qué se produce, cómo se produce y para quién”, manifiesta la Mesa Agroalimentaria Argentina.

A su vez, el Observatorio de Tierras, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires, considera la propuesta como “una contrarreforma a favor del capital”.

La Ley de Tierras, promulgada en 2011, fijó en 15% el límite de tierras rurales disponible para compañías y empresarios de otros países. Asimismo, establece un máximo de 1,000 hectáreas en la zona núcleo -las más productivas- de actividad agropecuaria para el mismo titular. La norma denomina extranjeras a las firmas controladas por hasta el 25% de personas jurídicas o físicas foráneas. En la gestión de Mauricio Macri se subió la participación a más del 51%.

La Cámara de Diputados decidirá la aprobación del proyecto de norma que busca profundizar las desigualdades en torno a la propiedad privada. El contenido más crítico es el capítulo que plantea juicios sumarios en casos de desalojos en zonas rurales o urbanas por usurpación u ocupación ilegal. La iniciativa desprotege a comunidades que no poseen títulos, al encarecer y judicializar los procesos de regularización, además de permitir desahucios sin sentencia firme y con la intervención de fuerzas estatales.

De esta forma, el gobierno planea acortar a 72 horas el plazo de ejecución de desalojos. En un contexto en que 80% de la superficie argentina productiva se encuentra en condiciones de arriendo, y entre el 60% y 70% de agricultores familiares es arrendatario.

“Este proyecto de ley profundiza un desequilibrio estructural porque otorga más poder a quienes poseen la tierra, pero no la trabajan, en detrimento de quienes producimos alimentos. Esto agravará situaciones de desalojos y precariedad”, observa la Mesa Agroalimentaria Argentina.

De otro lado, se intenta limitar la capacidad del Estado de expropiar bienes de utilidad pública, redefiniendo este criterio con prohibiciones más rígidas. Los arrendatarios de terrenos resultarían más afectados al aumentar los costos de procesos de expropiación e introducir el lucro cesante -la ganancia que dejaría de recibir el propietario- en la indemnización acordada. Esto complica el acceso a la tierra para los pequeños agricultores.

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, el 1% de las unidades agropecuarias acapara el 36% de la tierra, mientras que el 55% de productores trabaja solo en el 2% de la tierra.

Entre otras medidas …